PRÓLOGO:
Dado que la comisión - creada en el claustro del pasado lunes - no ha aportado nada a día de hoy, viernes -último día lectivo de la semana - aporto este escrito, enviado ya por otros centros. Tenía razón Gustavo Le Bon, cuando dijo aquello: "Las voluntades débiles se traducen en discursos; las fuertes, en hechos".Que tome nota la comisión, hable menos en los claustros y haga más. GRACIAS.
Ilma. Sra. Delegada
Provincial de Educación:
Durante las últimas
semanas la educación pública viene sufriendo diversos ataques por parte de los
Gobiernos central y autonómico. Ataques feroces que se reflejan en acciones
como la reducción de becas, la reducción de plantillas docentes, el aumento de
horas lectivas, la reducción o desaparición de programas de refuerzo, y un
largo etcétera del que se han hecho eco numerosos medios de comunicación.
El objetivo
principal de todas estas medidas es la reducción del “gasto” educativo y la
nefasta consecuencia de ello será el estrepitoso descenso de la calidad
educativa de los centros públicos.
El último abuso al
que estamos siendo sometidos es la fiscalización y control, al más puro estilo
caciquil, de los materiales que podremos o no podremos utilizar para ejercer nuestra
labor docente. Se trata de una censura previa que atenta gravemente contra la
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros educativos, recogida
en la normativa vigente (capítulo II del título V de
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; capítulo I del Título IV de
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y capítulo II del
Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros
públicos específicos de educación especial).
Bajo la ininteligible
consigna “El Programa de Gratuidad de
Libros de Texto debe ser el instrumento adecuado que facilite el principio de
la gratuidad de la enseñanza obligatoria” nos veremos obligados a elaborar
un listado de materiales con el objetivo de que el Servicio de Inspección Educativa
decida cuáles de esos materiales podremos pedir a las familias y cuáles no.
Según las
instrucciones recibidas, el material que podrá pedirse a las familias “no puede
incluir” (como hasta ahora venía siendo habitual por su imperiosa necesidad en
el aula), ni diccionarios, ni cuadernillos, ni libros de lectura; ni siquiera bolsas
de aseo (que son utilizadas, por ejemplo, para promover hábitos básicos de
higiene, dando, por un lado, cumplimiento al apartado 4 c) del artículo 5 del
Capítulo II del Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en
Andalucía, y, por otro, orientado a la consecución de la Competencia Básica c)
del artículo 6 del mismo Decreto: “Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico y natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de
los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado
de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental”, así como a la
consecución del objetivo k) “Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte
como medios para favorecer el desarrollo personal y social”, del
artículo 3 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación
primaria).
En esta vorágine de
sinsentidos, se advierte de que el centro deberá facilitar el material de uso
personal que sí sea aprobado por la Inspección a aquellas familias que no hayan
podido adquirirlo, lo cual, lejos de tener una
lectura positiva, sienta un precedente que puede llegar a tener consecuencias
negativas: la oposición por parte de muchas familias a adquirirlos y la
nefasta repercusión de dicha situación en el derecho a la educación del
alumnado. La irrisoria alternativa de que sean adquiridos por los centros, con
cargo a los gastos de funcionamiento, provocaría un colapso de los paupérrimos
recursos disponibles en los centros educativos, donde, además las partidas
presupuestarias son cada vez más ajustadas.
Ante esta grave conculcación de nuestros derechos como docentes y
conscientes de la trascendencia y gravedad que tienen, queremos manifestar lo
siguiente:
1º. Consideramos
que los “criterios para la implementación de la actuación de la inspección en
relación con el programa de gratuidad de libros de texto” VULNERAN gravemente
la “autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros educativos”,
recogida en:
-
El capítulo II
del título V de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-
El capítulo I del Título IV de la
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
-
El capítulo II del Decreto 328/2010,
de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos
específicos de educación especial.
2º. Las Instrucciones de la
Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre adquisición de
determinados materiales CONTRAVIENEN una norma de rango superior: La Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su disposición adicional
cuarta establece que “corresponde a los órganos de coordinación didáctica de
los centros públicos, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, adoptar los
libros de texto y demás materiales curriculares que hayan de utilizarse en el
desarrollo de las diversas enseñanzas”. Asimismo, se recoge que “la edición y
adopción de los libros de texto y demás materiales curriculares no requerirán
la previa autorización de la Administración educativa”, y que el Decreto
227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la
supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de selección de
los mismos por los centros docentes públicos de Andalucía, así también lo
recoge en su preámbulo.
3º. La prohibición de solicitar
algunos materiales a las familias (como la anteriormente citada bolsa de aseo)
ATENTA gravemente contra objetivos básicos de la educación primaria recogidos
en el artículo 3 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por
el que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria, así como
contra el
apartado 3 del artículo 5 DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación
primaria en Andalucía.
4º. Las instrucciones sobre el
programa de gratuidad de los libros de texto para el curso escolar 2012/2013
basan sus argumentos en que el libro de texto es “el material curricular que
desarrolla de forma completa el currículo establecido”. Nos gustaría recordar a
la Dirección General de Participación e Innovación Educativa que para nosotros,
los docentes, el libro de texto no es el material que desarrolla el currículo
de forma completa, sino simplemente un material más que nos ayuda a desarrollar
nuestra labor docente, y que complementamos con otro tipo de materiales así
como con actividades y tareas de diversa índole.
5º. Somos conscientes de la
delicada situación económica por la que muchas familias están atravesando, y por
ello queremos también recordar que tales particularidades son tenidas en
consideración a la hora de realizar los listados de materiales que se van a
solicitar al alumnado cada año. Los centros siempre han mostrado una absoluta
predisposición a colaborar con aquellas familias que realmente no pueden
afrontar la adquisición de dichos materiales.
Por todo lo
anteriormente expuesto, y en virtud de los apartados 1 y 2 de la Disposición
adicional cuarta sobre Libros de texto y
demás materiales curriculares, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, que legitima a los órganos de coordinación didáctica de los centros
públicos y no al servicio de inspección, cuya supervisión, conforme al apartado
3 de la misma Disposición adicional cuarta, “debe velar por el respeto a los
principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la
presente Ley”, el Claustro del CEIP LA DEHESILLA ( Sanlúcar de Barrameda ),
eleva este escrito como una manifestación de PROTESTA
y RECHAZO a los “criterios para la
implementación de la actuación de la inspección en relación con el programa de
gratuidad de libros de texto”.
En Sanlúcar de Barrameda , a 13 de junio de 2012
