Excelente y clarificador artículo (Diario de Jerez 19-5-11)

Pedagogía totalitaria

Gonzalo Guijarro


EL principal activo de un país, por encima de sus posibles riquezas naturales, reside en el grado de formación de sus habitantes. Esa es la razón por la que se invierte una considerable porción del dinero de nuestros impuestos en mantener un sistema de enseñanza público. Además, ese sistema de enseñanza, accesible a todos, constituye la mejor garantía de un óptimo aprovechamiento de los talentos naturales, independientemente de la clase social de nacimiento; es decir, es una garantía de eficacia democrática y permeabilidad social. Por tanto, el sistema de enseñanza público es patrimonio de todos los habitantes del país, y sus gestores políticos tienen ante todo la obligación de velar por que cumpla con su función fundamental: dotar a sus beneficiarios de una sólida formación que les permita desarrollarse plenamente como ciudadanos, lo que redunda en beneficio general de la sociedad.

En nuestro país hace ya demasiado tiempo que los gestores políticos del sistema de enseñanza han optado por colonizarlo ideológicamente, sustituyendo, de manera tan sibilina como fraudulenta, los conocimientos útiles, objetivos y liberadores que antes transmitía por un adoctrinamiento en unos supuestos valores progresistas. Para llevar a cabo esa siniestra operación se apoyaron en un simulacro de ciencia pedagógica, basada en un discurso tan pretencioso como vacío, pero siempre blindado por palabras agradables. Así, con la necesaria complicidad de unos seudoexpertos en enseñanza, los gestores políticos del sistema se adueñaron de él, hasta despojarlo de su finalidad social y convertirlo en una herramienta para perpetuarse en el poder.

Las consecuencias de esa maniobra, de clara vocación totalitaria, no se hicieron esperar: tasas de abandono escolar temprano de más del doble de la media europea, un paro juvenil que en Andalucía se acerca al 50% y un largo y descorazonador etcétera. Pero todo eso no arredró a los nuevos propietarios del sistema de enseñanza: si las estadísticas no les eran favorables, se les ofrecería dinero a los docentes para que las maquillaran. Y así nació el vergonzoso Plan de Calidad, que ofrecía 7.000 euros en cuatro años a los profesores que aumentaran en número de aprobados. Sin ningún control que garantizara que esos aprobados certificaban unos conocimientos reales, eso era lo de menos.

Sorprendentemente, el plan fue rechazado por la mayoría de los claustros. Y aún hoy, tras cuatro intentos de imponerlo, el 76% de los centros de Secundaria siguen sin aceptarlo. Además, entretanto, por una parte, el plan ha cosechado dos sentencias judiciales que lo declaran ilegal y, por otra, se les ha rebajado el sueldo un 7% a los profesores para contener el déficit público. Pues bien, la Consejería de Educación se niega a acatar esas sentencias y se obceca en imponer a todos los centros su Plan, con las novedades de que ahora quienes decidirán su aceptación serán los consejos escolares y no los claustros, y que serán los centros los que percibirán un 5% de incremento en sus presupuestos. Se conoce que, vistas las muestras de dignidad profesional de los docentes, se va a intentar colarlo ninguneándolos una vez más. Por lo demás, la Consejería tampoco exige que quienes ya han cobrado esos incentivos ilegales los devuelvan. Parece ser que la contención del déficit se olvida ante ciertas conveniencias de los políticos.

Bien, pues por si todo esto fuera poco, el consejero de Educación ha anunciado recientemente que de los malos resultados de los alumnos en las Pruebas de Diagnóstico (cuya escasísima fiabilidad ha sido reiteradamente puesta de manifiesto) se va a responsabilizar a sus profesores. Para dar esa nueva vuelta de tuerca sobre los docentes se dispone de una Inspección educativa a la que se ha despojado a lo largo de los últimos años de cualquier atisbo de profesionalidad, gracias a las designaciones digitales. Las presiones para que se apruebe indebidamente se ejercen con especial intensidad sobre los profesores en prácticas, que dependen del visto bueno de la Inspección para superarlas. En resumen, toda una muestra de cuáles son realmente los valores que de hecho transmite la autodenominada pedagogía progresista.

Este es, lamentablemente, el panorama de nuestro actual sistema de enseñanza. Los gestores políticos, tras pervertir la finalidad del sistema, amparados en una falsa pedagogía cuya complicidad demuestra su aquiescencia a todos estos desafueros, despilfarran el dinero público y el capital humano que representan los docentes y los alumnos con la única finalidad de ocultar la bochornosa realidad educativa por ellos creada. No es de extrañar que a este país le resulte especialmente difícil salir de una crisis que otros ya han dejado atrás.