Artículos para reflexionar

 

 AJUSTES DE CUENTAS  (I y II)

Tanto el Gobierno Central como el Autonómico son muy espléndidos a la hora de realizar declaraciones acerca del reconocimiento social que el profesorado en particular, y los funcionarios en general, nos merecemos. Pero los hechos refutan esta afirmación por sí solos.

Una lista con los deterioros o pérdidas en nuestras condiciones laborales ocuparía varios artículos como este. No pretendemos ser exhaustivos, pero al menos recalcar las últimas mezquindades de nuestros próceres.

El Gobierno central decidió penalizar, a través de Real Decreto en el mes de julio, a los funcionarios por el hecho de estar en situación de incapacidad temporal (IT), detrayéndoles de su sueldo el 50 % del mismo durante los tres primeros días y un 25 % en el período del 4º al 20º día. Sólo se exceptuarían las IT derivadas de contingencias profesionales o por enfermedades graves que requirieran hospitalización o intervención quirúrgica. Muy generosos ellos.

Por otro lado, el Gobierno Autonómico, y mediante Decreto, recogió el testigo y pondrá en marcha esta medida a partir de enero de 2013. Si bien la medida proviene de arriba, la desinformación más absoluta por parte de nuestros gobernantes autonómicos no tiene parangón. Hasta hace unas pocas semanas, los profesores no sabíamos si por el hecho de tener una gripe o una gastroenteritis veríamos menguado nuestro sueldo. Al parecer, esta situación no estaba recogida entre los crímenes imperfectos, pero siempre hay un listo en la clase que se da cuenta del agujero en el techo. Y así, el grupo parlamentario del PP, via enmienda a su propio decreto reaccionario, no sólo no se conforma con penalizar las enfermedades de sus administrados, sino que además pretende penalizar cualquier ausencia, aunque sea de un único día y por motivos más que justificados. Y es que los funcionarios, oiga, ya no tenemos derecho ni a ponernos enfermos. Eso sí, el hemiciclo suele aprobar este tipo de medidas con asientos vacíos. ¿Le pagarán el sueldo a quien no apriete el botoncito? Apostemos a que sí, que con toda probabilidad ganemos.

Pero ahondemos en esto de las ausencias de profesores. También estamos acostumbrados a escuchar de boca de los políticos que el sistema educativo es de calidad, que uno de sus pilares son sus profesores y bla, bla, bla. Ahora bien, cuando un profesor tiene que ponerse de baja porque no le queda más remedio, aparte del nefasto efecto económico que puede tener para este, nos encontramos con los efectos negativos para los alumnos. Porque, hasta que no hayan transcurrido diez días hábiles, entiéndase lectivos, la Administración no mandará a un sustituto. De esta forma, durante diez días, los alumnos no tendrán profesor y sus clases quedarán sin ser impartidas, el profesor de baja perderá casi un 50 % de su sueldo, y la Administración se ahorrará por tanto la parte proporcional de un sueldo y medio (la del enfermo y la del sustituto que no llega). Es de suponer que no es nada personal, son sólo negocios.

Y a todo esto, cabría añadir, ¿por qué no, en vez castigar nuevamente a los funcionarios y señalarnos como responsables de los males que nos asolan, tratan de atajar los casos de presuntos absentistas que dicen perseguir haciendo uso del cuerpo de inspectores? Pues estos también son funcionarios que cobran del erario público y han de cumplir eficazmente con sus funciones. La calidad de la enseñanza saldría muy beneficiada, si las Administraciones en vez de utilizar a la inspección para acosar a los profesores con solicitudes de documentos por miles o de encorsetar la labor de estos con exigencias ni siquiera recogidas en normas, la utilizaran para detectar de manera fidedigna los supuestos casos de absentismo laboral.

Si a todo lo anterior, le añadimos la subida en el precio de los fármacos y ya temblamos ante una hipotética tasa por receta prescrita, llegamos a la triste conclusión de que ponerse enfermos siendo funcionarios a partir de ahora, no es que sea desagradable de por sí, sino que se ha convertido en un lujo para muchos. Tocará rezar o cruzar los dedos por no pillar la gripe en nuestros centros andaluces que, por cierto, incumplen en su mayoría los requisitos de temperaturas y salubridad establecidas por ley. Pero claro, la calidad de la enseñanza no depende de eso, ni de nuestra salud tampoco.

Publicado 2-12-2012 en PIENSA VOLENS

El año 2012 quedó atrás. Un año para olvidar en cuanto a pérdidas de derechos consolidados de los funcionarios a lo largo de los años. Y es el tercero consecutivo. Parece mentira el esfuerzo que se necesita, por parte de los trabajadores, para conseguir pequeños avances en las condiciones laborales, para que luego venga el Gobierno de turno y, con un decretazo, no solo se pierdan, sino que se retroceda a tiempos pretéritos inimaginables.

En la primera entrega comentábamos la penalización económica que íbamos a sufrir los funcionarios por faltar a nuestro puesto de trabajo por pillar un resfriado o por cualquier tipo de accidente de salud que no suponga baja oficial por "incapacidad temporal". Nos referimos a esas ausencias de entre uno y tres días en las que hasta ahora era suficiente con entregar un justificante médico. La “multa” asciende al 50 % del sueldo de cada día de ausencia. Ahora tenemos más información, y sabemos, según recoge una orden del Ministerio del pasado 29 de diciembre, que la penalización comenzará a partir de la quinta ausencia, quedando exentas las cuatro primeras. No nos queda del todo claro aún, según la redacción de la norma, si a los docentes se nos aplicará la norma según este criterio, o sufrirá alguna modificación, a causa de las circunstancias especiales que rodean nuestra labor diaria. Esperemos lo peor. En cualquier caso, y dejando a un lado nuestros intereses particulares como funcionarios docentes, es innegable que esta norma muestra la cara más ruin de un Gobierno que ha incumplido la mayoría de sus propuestas electorales.

Pero el año termina con la confirmación de otras disminuciones salariales. Por un lado, se consumó la pérdida íntegra de la paga extraordinaria del mes de diciembre, todo un hachazo en la línea de flotación a nuestra economía doméstica, y de manera colateral, a la de la sociedad en general. Por otra parte, la constatación en los Presupuestos Generales andaluces de la pérdida para 2013 de los complementos específicos correspondientes a las pagas extraordinarias para los funcionarios.

La supresión de la paga de diciembre de 2012 viene además aderezada con otra dentellada, pues, además de la eliminación de la misma, y como si la hubiésemos cobrado, nos han descontado de manera sorprendente doble cotización a las clases pasivas y a MUFACE. Bien es verdad, que desde el Ministerio de Hacienda se ha anunciado que estas cantidades serán reintegradas en el primer trimestre del año 2013. Tal vez el señor Montoro espere que le agradezcamos este gesto. Que espere.

Además, convendría señalar que esta supresión adolece de serias, y más que justificadas, dudas sobre su legalidad. De hecho, ha sido la propia Defensora del Pueblo, a raíz de las miles de peticiones de funcionarios, quien realizó varias recomendaciones al Gobierno sobre este asunto para que las tuviera en cuenta. Así, dice textualmente:

“Recomienda que la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de los empleados públicos no sea total”.

Aclara posteriormente:

“La primera de las recomendaciones apunta a que la supresión de la paga extra o equivalente del mes de diciembre de 2012 comience a aplicarse a partir del momento en que se publicó el Real Decreto-Ley (15 de julio de 2012) porque la Institución considera que una parte de la paga suprimida correspondería a un periodo de trabajo ya realizado.”

Es la misma Defensora del Pueblo quien informa de que dichas recomendaciones han sido rechazadas desde el Gobierno, ofreciendo este, a través de la Secretaría de Estado, la siguiente respuesta:

“La Secretaría de Estado ha rechazado ambas recomendaciones, reconociendo únicamente el derecho a la parte proporcional de la paga extra al personal al que por cualquier causa (baja, cese, cambio de situación administrativa, etc.) se hubiera practicado una liquidación de haberes entre los días 1 de junio y 14 de julio de 2012. La Secretaría de Estado argumenta su rechazo explicando que “como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria y adicional quedan derogadas, con efectos de 15 de julio y para 2012, por imposible aplicación respecto de dicha paga, cualquier norma referida al devengo de la misma”.

La propia Defensora del Pueblo replica a la respuesta de la Secretaría de Estado con otro escrito, con fecha de 21 de diciembre, en el que insiste en que resulta injusto el criterio utilizado por el Gobierno, mediante el cual solo les correspondería cobrar esa parte proporcional de la paga extraordinaria solicitada a quienes se les hubiera liquidado haberes entre el 1 de junio y el 15 de julio de 2012.

Con todo esto queda patente que, cuanto menos, el no pago de la parte proporcional al mes y medio transcurrido entre el 1 de junio, fecha de inicio para considerar la paga extraordinaria de Navidad, y el 15 de julio, fecha de la publicación en el BOE del Real Decreto 20/2012 por el que entraba en vigor esta supresión, es de dudosa legalidad.

Pero como apuntábamos al principio, el Gobierno Central no es el único que dispone arbitrariamente de nuestro sueldo. El Gobierno Autonómico Andaluz no le va a la zaga, y si uno nos quita la de Navidad, el otro decide, esta vez sin exigencias desde arriba y por lo tanto sin excusas posibles, eliminar el pago de los complementos específicos en las pagas de junio y diciembre, algo que cuantitativamente es igual o peor que la eliminación de la extra navideña. Y es que en esto de los recortes, Andalucía es una alumna aventajada, aunque nos vendan lo contrario. Y todo a través de decreto, faltaría más. Este nuevo recorte a la andaluza, supondrá que los docentes andaluces cobremos entre 1500 y 3000 euros menos al año. Otra forma de salir de la crisis. Mientras, las subvenciones a sindicatos, patronal, televisión y radio públicas no cesan.

Y es que, en esto de repartir el dinero de todos, hay prioridades. Y aunque todos [los andaluces] somos iguales ante la ley, al estilo de lo que ocurría en Rebelión en la Granja, algunos lo son más que otros.

Publicado el 2-1-2013 en PIENSA VOLENS